Gustavo Ortiz Hidalgo Los resultados del referéndum pueden tener varias lecturas. Mucho depende de la mayor o menor empatía que nos inspire el Presidente de la República; sin embargo, nadie puede desconocer que la gran mayoría del pueblo aprobó la nueva Constitución y entregó su respaldo al proyecto político del Gobierno. Claro está que el masivo pronunciamiento popular simboliza, principalmente, el afán de los ecuatorianos por impulsar cambios sociales urgentes, poniendo fin a la partidocracia y a su corrupto sistema político. También está claro que la mayoría de los electores confía en el liderazgo del Presidente de la República para conducir dicho proceso de cambio. A la hora de la hora esta realidad pesó más que todos los cuestionamientos que se hicieron al procedimiento constituyente, desde la indebida atribución de “plenos poderes” hasta el manoseo de los textos constitucionales aprobados. El contundente respaldo popular no debe producir la ceguera gubernamental. Por ejemplo, el comportamiento atípico del electorado de Guayaquil debe ser asimilado con sabiduría para identificar correctamente su significado. La victoria del “No” en Guayaquil implica el reconocimiento a una acción municipal exitosa, el rechazo a un estilo de administración populista que ya se vivió en la era bucaramista y el apoyo al liderazgo de Jaime Nebot, quien, al parecer, renunció a su proyección nacional para defender “su” modelo de desarrollo. La derrota del “Sí” en Guayaquil envía un claro mensaje al Gobierno sobre la necesidad de rectificar y corregir los errores que ha cometido, derivados de la intolerancia, el autoritarismo y la falta de pluralismo para respetar a quienes discrepan y piensan diferente. En fin, todos los ecuatorianos estamos obligados a cumplir los mandatos de la nueva Constitución aprobada por el pueblo; cualquier manifestación contraria poco nos ayudará a salir del pantano de la inseguridad jurídica, la inestabilidad política y la pobreza económica. La voluntad popular expresada en las urnas es la esencia de la democracia. Recordemos que “la voz del pueblo es la voz de Dios” (vox populi, vox Dei); su voluntad debe ser acatada sin reparos… No importa que primero tengamos que celebrar a la Pachamama. grortiz@utpl.edu.ec / gortizhidalgo@yahoo.com Artículo publicado por Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, el jueves 2 de octubre de 2008.
Gustavo Ortiz Hidalgo El Proyecto de Nueva Constitución adopta una estructura orgánica diferente a la Constitución vigente y establece cinco Funciones del Estado: Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. La Función Legislativa se ejercerá a través de la Asamblea Nacional. Para su integración se regresa al sistema de elección de legisladores nacionales y provinciales. La destitución del Presidente de la República implicará la inmediata convocatoria a elecciones para nombrar los reemplazos no solo del destituido sino también de la Asamblea Nacional. En la Función Ejecutiva, el Presidente de la República tendrá la atribución de disolver la Asamblea Nacional, en cuyo caso también se convocará a elecciones para reemplazar al órgano disuelto pero también al Presidente de la República. En la Función Judicial, la Corte Nacional de Justicia se conformará por 21 jueces nombrados por el Consejo Nacional de la Judicatura. Además, la Función estará integrada por los juzgados de paz, las notarías, la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. Se agrega la novedad de que la Corte Constitucional podrá conocer recursos contra las sentencias de la justicia ordinaria. La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral; el primero tendrá carácter operativo y el segundo se encargará de administrar la justicia electoral. Finalmente, se crea la Función de Transparencia y Control Social integrada por el Consejo de Participación y Control Social encargado de nombrar, a través de concursos públicos, a los representantes de los otros órganos de la propia Función (Contraloría, Defensoría del Pueblo, Superintendencias), así como al Procurador General, Defensor Público, Fiscal General, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación y Control Social estará integrado por siete consejeros seleccionados por parte del Consejo Nacional Electoral de entre los postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. Un embrollo de imprevisibles consecuencias, pues nadie garantiza que existirá “transparencia” en la legalidad y legitimidad de las organizaciones ciudadanas. gortizhidalgo@yahoo.com Artículo publicado por Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, el jueves 18 de septiembre de 2008.
Gustavo Ortiz Hidalgo Los protagonistas del barullo de la Asamblea Constituyente siempre manifestaron que los principales cuestionamientos a la Constitución vigente correspondían a su parte orgánica, es decir, a la estructura institucional del Estado y al modelo económico en que se sostiene. Sin embargo, la “dogmática constitucional”, es decir, los principios, derechos y garantías también han sido modificados en el Proyecto de Nueva Constitución. Dichos cambios se sustentan en una filosofía diferente de la vida, la familia, la sociedad y, obviamente, del Estado; asunto que empieza en el “preámbulo”, primero celebrando a la Pacha Mama (naturaleza) y luego invocando el nombre de Dios. Veamos otros ejemplos significativos: En el Art. 1 del Proyecto se determina que el Estado es “intercultural y plurinacional”, asunto radicalmente diferente a la norma vigente que establece un Estado “pluricultural y multiétnico”. El Art. 10 del Proyecto reconoce a la naturaleza (Pacha Mama) como sujeto de derechos al igual que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos ¿Será la moda ecológica o un deliberado afán de socavar la cosmovisión del pueblo católico? La descripción del “derecho a la vida desde la concepción”, expresado en los Arts. 45 y 66 del Proyecto, aparentemente no resulta muy diferente al texto vigente, pero si el tema generó tanto debate los asambleístas tenían la obligación moral de clarificar su postura frente al aborto. No cabe duda del reconocimiento que el Art. 68 del Proyecto hace de la unión de hecho entre dos personas sin importar su sexo, lo que significa un cambio de fondo respecto al texto vigente que considera unión de hecho a la conformada entre un hombre y una mujer. No todo es malo. Hay que reconocer los avances que el Proyecto ha logrado en torno a los derechos de los jóvenes y los migrantes. También hay varias perlas: voto facultativo para los jóvenes de 16 años y miembros de la fuerza pública, gratuidad de la educación pública hasta el tercer nivel, el hábeas corpus a la justicia ordinaria y la Corte Constitucional resolviendo impugnaciones a las decisiones judiciales ¿El Ecuador está preparado para este ensayo? ¿Qué dirá la Pacha Mama? Artículo publicado por Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, el jueves 4 de septiembre de 2008.
Gustavo Ortiz Hidalgo La Constitución vigente expresa el carácter “pluricultural y multiétnico” del Estado. También reconoce a los pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades y les garantiza varios derechos colectivos. En esta perspectiva, la Constitución vigente establece que las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres. Por otra parte, concede el carácter de gobiernos seccionales autónomos a aquellos organismos que determine la ley para la administración de las circunscripciones territoriales indígenas. Lo que pudo parecer simple novelería, o justa reivindicación de un importante sector de la población ecuatoriana, adquiere una dimensión diferente en el Proyecto de Nueva Constitución, que parte con la celebración a la “Pachamama”, caracterizando al Estado como “intercultural y plurinacional” y reconociendo al kichwa (quichua) y el shuar como idiomas oficiales de interculturalidad . Varios artículos del Proyecto de Nueva Constitución van configurando el Estado Plurinacional, que es el concepto esencial de una línea argumentativa que tiene su origen en la Constitución vigente. En este sentido, se amplían los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades y se establece una sección propia dedicada a la justicia indígena. Por otro lado, la organización territorial del Proyecto de Nueva Constitución otorga el carácter de regímenes especiales a las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales, con la posibilidad de ejercer las competencias de los gobiernos territoriales autónomos, que van desde el ámbito parroquial al regional. Los ideólogos del Estado Plurinacional plantean subvertir el orden capitalista, desmontar el actual Estado Nacional e instaurar una sociedad inspirada en las tradiciones de las diversas nacionalidades, reconociéndoles soberanía, autodeterminación, territorio y sus propios sistemas de justicia y representación política ¿Será por esta vía que el Ecuador debe caminar para solucionar sus problemas de pobreza, racismo y discrimen? gortizhidalgo@yahoo.com Artículo publicado por Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, el jueves 21 de agosto de 2008.
Como una contribución cívica a la discusión en torno a la conveniencia del Proyecto de Nueva Constitución y a fin de favorecer un pronunciamiento responsable en el referendúm aprobatorio, ponemos a consideración de nuestros visitantes dos productos elaborados para la Universidad Técnica Particular de Loja. 1. CUADRO COMPARATIVO GENERAL ENTRE EL PROYECTO DE NUEVA CONSTITUCIÓN Y LA CONSTITUCIÓN VIGENTE Para acceder al mismo pulse la siguiente dirección electrónica: 2. CUADRO COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL PROYECTO DE NUEVA CONSTITUCIÓN Y LA CONSTITUCIÓN VIGENTE Para acceder a esta información pulse en la siguente dirección electrónica: Cuadro Comparativo Diferencias Espero les sea de utilidad: Gustavo Ortiz Hidalgo ASESOR LEGAL
Gustavo Ortiz Hidalgo Desde la asunción arbitraria y dictatorial de los plenos poderes que el pueblo ecuatoriano nunca confirió a los asambleístas, su trabajo generó serias dudas entre los ecuatorianos, inclusive en aquellos que creyeron que la Constituyente era la vía más democrática para transformar la estructura administrativa del Estado y crear condiciones favorables para el desarrollo social. Abonaron a restar credibilidad a la Asamblea Constituyente la dedicación de la mayoría de su tiempo a la expedición de mandatos y leyes; proceso en el cual se irrespetó el ordenamiento jurídico vigente y se suspendieron derechos y garantías constitucionales; hecho lamentable que recordó, y no a pocos, los viejos tiempos de las dictaduras latinoamericanas. Para remate, el último mes de su trabajo, la mayoría oficialista de asambleístas, en forma atropellada, aprobó casi el 80% del Proyecto de Nueva Constitución; registrándose, inclusive, la suplantación y alteración de los textos originales por parte de la Comisión de Redacción, que demostró ser altamente influenciable a los dictados de Carondelet y del propio Presidente Cordero. Agreguemos el hecho de que en la última semana de labores, en medio de la vorágine del cambio y recambio de textos constitucionales, se aprobaron siete mandatos constituyentes y cuatro leyes de la República; tras un procedimiento atrabiliario, por decir lo menos, y sin ningún tipo de debate serio. Los procedimientos e instrumentos utilizados por los constituyentes reciclaron, sin duda, las peores prácticas de la partidocracia y afectaron sensiblemente a nuestra debilitada democracia. Finalmente, estamos embarcados en la recta final del referéndum para aprobar o no el Proyecto de Nueva Constitución. A pesar de los antecedentes señalados, que ensombrecieron el accionar de los asambleístas y le restan legitimidad a sus productos, no nos queda otra alternativa que analizar con objetividad el Proyecto de Nueva Constitución y pronunciarnos tomando en cuenta que nos jugamos el futuro del Ecuador y que en este trance no caben las posiciones extremistas ni irresponsables. grortiz@utpl.edu.ec/gortizhidalgo@yahoo.com Artículo publicado por Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, el jueves 7 de agosto de 2008.
Gustavo Ortiz Hidalgo Como se había previsto, en tres semanas se aprobó aproximadamente el 80% del articulado del Proyecto de Nueva Constitución. En el apuro no se consideró la calidad de los textos aprobados sino los cálculos electorales de Alianza País. Para consagrar este atropello se invocó el Estatuto de la Asamblea Constituyente que no permite que dicho órgano funcione por más de 8 meses. Es decir, se aplica o no el citado Estatuto dependiendo de las circunstancias que se le presenten al equipo de gobierno y sus obsecuentes asambleístas. Recordemos que el Art. 1 del Estatuto confiere plenos poderes a la Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución y transformar el marco institucional del Estado previa aprobación en referéndum. Sin embargo, los asambleístas asumieron funciones legislativas y de designación de autoridades de control por la vía de mandatos constituyentes (o dictatoriales) no contemplados en el ordenamiento constitucional vigente, dejando, además, en total indefensión a los ciudadanos que resultaren afectados de tales resoluciones. Ya habrá la oportunidad de analizar el contenido del Proyecto de Nueva Constitución. Por ahora, es importante señalar que en su Art. 296 prohíbe crear preasignaciones presupuestarias con excepción de las destinadas a los gobiernos autónomos, salud, educación e investigación. Por otra parte, la Disposición Transitoria 28 determina que no se podrán disminuir las rentas establecidas en la Ley 010 del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y en la Ley 047 que por venta de energía eléctrica beneficia a las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua. No existen más excepciones en el Proyecto de Nueva Constitución. Esto implica que la provincia de Loja resultaría tremendamente perjudicada pues, con la aprobación de la Nueva Constitución se eliminarán las preasignaciones que financian el FONDVIAL (impuesto del 1% a la compra de vehículos usados) y el Plan Inmediato de Riego de Loja (25% del impuesto del 1% al crédito en moneda nacional). Lo más grave de este asunto es que la pobre representación lojana en la Asamblea Constituyente no ha dicho nada respecto al nuevo golpe que el centralismo quiere propinar a nuestra provincia; si nos dejamos… grortiz@utpl.edu.ec/gortizhidalgo@yahoo.com Artículo publicado por Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, el jueves 24 de julio de 2008.
Gustavo Ortiz Hidalgo Los resultados parciales de la Asamblea Constituyente no han roto con la mala costumbre de tratar con irresponsabilidad los asuntos políticos nacionales. Parece ser una tara no solamente de la “partidocracia” sino también de los padrinos de la “revolución ciudadana” que tiene al MPD de principal metiche. ¿Habrá algún partido de más ingrata recordación que el MPD? Para responder negativamente basta observar el secuestro realizado al sistema de educación pública, incluido el nivel superior, para someterlo a los intereses de su camarilla en detrimento de la formación del recurso humano que necesita el desarrollo económico y social del país. Reconocidos juristas han señalado que la actual Constitución Política, vigente desde el año 1998, es una de las más avanzadas en cuanto a su parte dogmática, es decir, en cuanto al establecimiento de las normas fundamentales que amparan los derechos y libertades. Sus principales defectos tienen que ver con la organización del Estado y las instituciones democráticas que se sustentan en el modelo económico de libre mercado. Flaco favor para nuestra democracia ha significado el hecho de que los partidos políticos, vía Congreso Nacional, influyan en la designación del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, Organismos de Control y hasta en la propia Corte Suprema de Justicia. El caso es más grave si tomamos en cuenta que los partidos políticos han sido el instrumento de los grupos económicos centralistas que han “privatizado” al Estado para ponerlo a su servicio, desviándolo de la obligación de ejercer la defensa del interés general. Cabe preguntarse si era necesario tanto alboroto para reformar la parte orgánica de la Constitución de la República. Hubiera sido más fácil, y menos doloroso para el Ecuador, agotar la posibilidad de que el Congreso Nacional emprenda la necesaria reforma constitucional o, por último, que el Presidente de la República someta a consulta popular el texto reformatorio de su propia iniciativa. Falta esperar el texto final de la Nueva Constitución para poder establecer una conclusión definitiva. Ojalá que la “omnipotencia” de los asambleístas les permita, a estas alturas, hacer el milagro de evitar el parto de un mamotreto que solo haya servido para el atropello de nuestra endeble democracia. grortiz@utpl.edu.ec/gortizhidalgo@yahoo.com Artículo publicado por Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, el jueves 10 de julio de 2008.
Gustavo Ortiz Hidalgo Hasta hace poco las probabilidades de que gane el “No” en el referéndum aprobatorio de la Nueva Constitución de la República eran muy remotas. Hoy este escenario representa una posibilidad real, acentuada por la renuncia de Alberto Acosta a la Presidencia de la Asamblea Constituyente y por la obligatoriedad de que el “Sí” tenga que ganarle a la sumatoria del “No” más votos nulos y votos blancos, conforme lo establece el Estatuto correspondiente. ¿A qué se debe el descenso en el nivel de aceptación de la Asamblea? La respuesta no es fácil; a manera de hipótesis diremos que el motivo principal sería el hecho de que se desvió del objetivo central para el que fue convocada por mandato popular. Tras una ligera interpretación del tema de los “plenos poderes”, la Constituyente asumió dichos poderes y adoptó reiteradas resoluciones atentatorias contra el Estado de Derecho. Parece que el pueblo perdonó a los asambleístas que declaren en receso (léase destitución) al desprestigiado Congreso de los Manteles, pero no les perdona que hayan malgastado la mayor parte de su periodo en la aprobación de mandatos, leyes, amnistías e indultos que no se ajustan al ordenamiento jurídico constituido. En siete meses de funcionamiento este órgano ha aprobado alrededor de un 30% del texto de la Nueva Constitución; resultado magro si se toma en cuenta que en cerca de un mes deberá, en forma apresurada, aprobar el 70% restante de un texto que contará con cerca de 350 artículos. Lo más preocupante es que, hasta la fecha, las disposiciones aprobadas no han cumplido con las expectativas ciudadanas y no parecen ser las apropiadas para la solución de los graves problemas de la República. Ojalá que esta sensación de pesimismo de los ecuatorianos se desvanezca con el trabajo final que entreguen los asambleístas. Por otra parte, al ocupar la mayor parte de su tiempo en actividades que no les corresponde, los asambleístas han ocasionado que el pueblo ecuatoriano evidencie una ingrata realidad: que ellos provienen de la misma cantera social de la que salieron los desprestigiados diputados. Es decir, son cholitos o pelucones de carne y hueso, muy a pesar de algún asambleísta que se creyó divinizado por las circunstancias y declaró tener poderes omnipotentes, como los de Dios. grortiz@utpl.edu.ec/gortizhidalgo@yahoo.com Artículo publicado por Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, el jueves 26 de junio de 2008.
Gustavo Ortiz Hidalgo Tan desprestigiada está la Unión Nacional de Educadores que casi nadie aspiraba a que su Congreso Nacional, reunido en nuestra ciudad, signifique un hito en la transformación del sistema educativo, cuya crisis es una de las principales causas del deterioro de las condiciones de vida de la población ecuatoriana. Y, efectivamente, nada nuevo sucedió… La misma manipulación del MPD y sus desgastados discursos; las mismas reivindicaciones salariales; la misma renuencia a la evaluación docente; la misma cantaleta contra la “municipalización” de la educación; la misma actitud de chantaje y manipulación al gobierno de turno. En suma, el mismo silencio a la posibilidad de discutir los verdaderos problemas de la educación, que se explican por la vigencia del centralismo en el sistema educativo y su secuestro por parte del aparato burocrático-sindical de la UNE, cuyos privilegios y funciones administrativas están consagrados en la ley, para lamento e indignación de los ciudadanos de bien. En varios países del mundo, los avances más serios que se han dado en esta materia han sido el resultado de un proceso definitivo de descentralización, en el que las competencias, atribuciones y recursos educativos han sido transferidos del gobierno central a los gobiernos locales o municipios. El gobierno central no se ha desvinculado de la actividad educativa sino que ejerce la política rectora, el control y la supervisión a través del ministerio sectorial y sus instancias desconcentradas. Los municipios, por ser “gobiernos de cercanía”, son los que mejores condiciones tienen para brindar servicios educativos de alta calidad y para promover la participación de la comunidad y los padres de familia en la solución de los problemas correspondientes. Al afirmar que la “municipalización” de la educación implica su privatización, los dirigentes de la UNE se hacen los tontos (¿o lo serán verdaderamente?), ya que para nadie es desconocido que los municipios son entidades del Estado y no parte de la empresa privada. Los verdaderos privatizadores son quienes al destruir el sistema de educación pública han ocasionado la proliferación de instituciones educativas privadas que, curiosamente, tienen como alumnos a hijos de connotados dirigentes de la UNE. grortiz@utpl.edu.ec/gortizhidalgo@yahoo.com Artículo publicado por Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, el jueves 12 de junio de 2008. |