Gustavo Ortiz Hidalgo

Hasta hace poco las probabilidades de que gane el “No” en el referéndum aprobatorio de la Nueva Constitución de la República eran muy remotas. Hoy este escenario representa una posibilidad real, acentuada por la renuncia de Alberto Acosta a la Presidencia de la Asamblea Constituyente y por la obligatoriedad de que el “Sí” tenga que ganarle a la sumatoria del “No” más votos nulos y votos blancos, conforme lo establece el Estatuto correspondiente. 

¿A qué se debe el descenso en el nivel de aceptación de la Asamblea? La respuesta no es fácil; a manera de hipótesis diremos que el motivo principal sería el hecho de que se desvió del objetivo central para el que fue convocada por mandato popular. 

Tras una ligera interpretación del tema de los “plenos poderes”, la Constituyente asumió dichos poderes y adoptó reiteradas resoluciones atentatorias contra el Estado de Derecho. Parece que el pueblo perdonó a los asambleístas que declaren en receso (léase destitución) al desprestigiado Congreso de los Manteles, pero no les perdona que hayan malgastado la mayor parte de su periodo en la aprobación de mandatos, leyes, amnistías e indultos que no se ajustan al ordenamiento jurídico constituido. 

En siete meses de funcionamiento este órgano ha aprobado alrededor de un 30% del texto de la Nueva Constitución; resultado magro si se toma en cuenta que en cerca de un mes deberá, en forma apresurada, aprobar el 70% restante de un texto que contará con cerca de 350 artículos. 

Lo más preocupante es que, hasta la fecha, las disposiciones aprobadas no han cumplido con las expectativas ciudadanas y no parecen ser las apropiadas para la solución de los graves problemas de la República. Ojalá que esta sensación de pesimismo de los ecuatorianos se desvanezca con el trabajo final que entreguen los asambleístas. 

Por otra parte, al ocupar la mayor parte de su tiempo en actividades que no les corresponde, los asambleístas han ocasionado que el pueblo ecuatoriano evidencie una ingrata realidad: que ellos  provienen de la misma cantera social de la que salieron los desprestigiados diputados. Es decir, son cholitos o pelucones de carne y hueso, muy a pesar de algún asambleísta que se creyó divinizado por las circunstancias y declaró tener poderes omnipotentes, como los de Dios.

grortiz@utpl.edu.ec/gortizhidalgo@yahoo.com 

Artículo publicado por Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, el jueves 26 de junio de 2008. 

Gustavo Ortiz Hidalgo 

Tan desprestigiada está la Unión Nacional de Educadores que casi nadie aspiraba a que su Congreso Nacional, reunido en nuestra ciudad, signifique un hito en la transformación del sistema educativo, cuya crisis es una de las principales causas del deterioro de las condiciones de vida de la población ecuatoriana. 

Y, efectivamente, nada nuevo sucedió… La misma manipulación del MPD y sus desgastados discursos; las mismas reivindicaciones salariales; la misma renuencia a la evaluación docente; la misma cantaleta contra la “municipalización” de la educación; la misma actitud de chantaje y manipulación al gobierno de turno. 

En suma, el mismo silencio a la posibilidad de discutir los verdaderos problemas de la educación, que se explican por la vigencia del centralismo en el sistema educativo y su secuestro por parte del aparato burocrático-sindical de la UNE, cuyos privilegios y funciones administrativas están consagrados en la ley, para lamento e indignación de los ciudadanos de bien. 

En varios países del mundo, los avances más serios que se han dado en esta materia han sido el resultado de un proceso definitivo de descentralización, en el que las competencias, atribuciones y recursos educativos han sido transferidos del gobierno central a los gobiernos locales o municipios. El gobierno central no se ha desvinculado de la actividad educativa sino que ejerce la política rectora, el control y la supervisión a través del ministerio sectorial y sus instancias desconcentradas.  

Los municipios, por ser “gobiernos de cercanía”, son los que mejores condiciones tienen para brindar servicios educativos de alta calidad y para promover la participación de la comunidad y los padres de familia en la solución de los problemas correspondientes.

Al afirmar que la “municipalización” de la educación implica su privatización, los dirigentes de la UNE se hacen los tontos (¿o lo serán verdaderamente?), ya que para nadie es desconocido que los municipios son entidades del Estado y no parte de la empresa privada. Los verdaderos privatizadores son quienes al destruir el sistema de educación pública han ocasionado la proliferación de instituciones educativas privadas que, curiosamente, tienen como alumnos a hijos de connotados dirigentes de la UNE.

Gustavo Ortiz Hidalgo

La estructura centralista del Estado es la principal barrera que impide nuestro desarrollo, por ello, es necesario realizar una transformación democrática mediante dos vías complementarias: la descentralización autonómica y la desconcentración regionalizada. 

Este proceso implica movilizar a fondo la variable territorial como condición de reactivación de la economía ecuatoriana y cambiar la “regionalización vertical”, que parcela artificialmente al país en función de sus climas, por la “regionalización horizontal”. Estas regiones deberán crearse unificando aquellas provincias identificadas por una misma historia, geografía, economía y cultura, sin que sea necesario modificar la actual división político-administrativa.

Sobre el tema, la Mesa de Ordenamiento Territorial y Asignación de Competencias de la Asamblea Constituyente ha aprobado los primeros textos constitucionales, señalando, por una parte: “Dos o más parroquias rurales, cantones, provincias o regiones contiguos podrán agruparse y formar una mancomunidad, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer los procesos de integración…”, y, por otra: “Las provincias podrán formar regiones autonómicas. La Ley Orgánica de Régimen Autónomo y Descentralizado normará su composición, proceso y requisitos mínimos…”.

Este aspecto debió ser una de la prioridades de la Asamblea Constituyente; lo grave no solamente es que no se le haya dado la importancia requerida sino que se vuelva a cometer un error histórico que viola los principios del derecho público: entender a la regionalización como un  procedimiento voluntario y no obligatorio. Los resultados serán, sin duda, tan desastrosos como los derivados de la Constitución Política de 1998, que contempla el carácter voluntario o facultativo de la descentralización y que ha provocado algo así como “la década perdida de la descentralización”. 

Los asambleístas están a tiempo de rectificar, de lo contrario pasarán a la historia no solo por haber usurpado atribuciones “mandatorias” que el pueblo no les facultó en las urnas, sino por ser los autores de un mamotreto de Constitución Política que en nada contribuyó a la solución de los verdaderos males de la República.