Gustavo Ortiz Hidalgo 

Como se había previsto, en tres semanas se aprobó aproximadamente el 80% del articulado del Proyecto de Nueva Constitución. En el apuro no se consideró la calidad de los textos aprobados sino los cálculos electorales de Alianza País. Para consagrar este atropello se invocó el Estatuto de la Asamblea Constituyente que no permite que dicho órgano funcione por más de 8 meses.  Es decir, se aplica o no el citado Estatuto dependiendo de las circunstancias que se le presenten al equipo de gobierno y sus obsecuentes asambleístas. 

Recordemos que el Art. 1 del Estatuto confiere plenos poderes a la Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución y transformar el marco institucional del Estado previa aprobación en referéndum. Sin embargo, los asambleístas asumieron funciones legislativas y de designación de autoridades de control por la vía de mandatos constituyentes (o dictatoriales) no contemplados en el ordenamiento constitucional vigente, dejando, además, en total indefensión a los ciudadanos que resultaren afectados de tales resoluciones. 

Ya habrá la oportunidad de analizar el contenido del Proyecto de Nueva Constitución. Por ahora, es importante señalar que en su Art. 296 prohíbe crear preasignaciones presupuestarias con excepción de las destinadas a los gobiernos autónomos, salud, educación e investigación. Por otra parte, la Disposición Transitoria 28 determina que no se podrán disminuir las rentas establecidas en la Ley 010 del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y en la Ley 047 que por venta de energía eléctrica beneficia a las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua.  

No existen más excepciones en el Proyecto de Nueva Constitución. Esto implica que la provincia de Loja resultaría tremendamente perjudicada pues, con la aprobación de la Nueva Constitución se eliminarán las preasignaciones que financian el FONDVIAL (impuesto del 1% a la compra de vehículos usados) y el Plan Inmediato de Riego de Loja (25% del  impuesto del 1% al crédito en moneda nacional).  

Lo más grave de este asunto es que la pobre representación lojana en la Asamblea Constituyente no ha dicho nada respecto al nuevo golpe que el centralismo quiere propinar a nuestra provincia; si nos dejamos…

grortiz@utpl.edu.ec/gortizhidalgo@yahoo.com 

Gustavo Ortiz Hidalgo 

Los resultados parciales de la Asamblea Constituyente no han roto con la mala costumbre de tratar con irresponsabilidad los asuntos políticos nacionales. Parece ser una tara no solamente de la  “partidocracia” sino también de los padrinos de la “revolución ciudadana” que tiene al MPD de principal metiche.  

¿Habrá algún partido de más ingrata recordación que el MPD? Para responder negativamente basta observar el secuestro realizado al sistema de educación pública, incluido el nivel superior, para someterlo a los intereses de su camarilla en detrimento de la formación del recurso humano que necesita el desarrollo económico y social del país. 

Reconocidos juristas han señalado que la actual Constitución Política, vigente desde el año 1998, es una de las más avanzadas en cuanto a su parte dogmática, es decir, en cuanto al establecimiento de las normas fundamentales que amparan los derechos y libertades. Sus principales defectos tienen que ver con la organización del Estado y las instituciones democráticas que se sustentan en el modelo económico de libre mercado. 

Flaco favor para nuestra democracia ha significado el hecho de que los partidos políticos, vía Congreso Nacional, influyan en la designación del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, Organismos de Control y hasta en la propia Corte Suprema de Justicia. El caso es más grave si tomamos en cuenta que los partidos políticos han sido el instrumento de los grupos económicos centralistas que han “privatizado” al Estado para ponerlo a su servicio, desviándolo de la obligación de ejercer la defensa del interés general. 

Cabe preguntarse si era necesario tanto alboroto para reformar la parte orgánica de la Constitución de la República. Hubiera sido más fácil, y menos doloroso para el Ecuador, agotar la posibilidad de que el Congreso Nacional emprenda la necesaria reforma constitucional o, por último, que el Presidente de la República someta a consulta popular el texto reformatorio de su propia iniciativa. 

Falta esperar el texto final de la Nueva Constitución para poder establecer una conclusión definitiva. Ojalá que la “omnipotencia” de los asambleístas les permita, a estas alturas, hacer el milagro de evitar el parto de un mamotreto que solo haya servido para el atropello de nuestra endeble democracia.

grortiz@utpl.edu.ec/gortizhidalgo@yahoo.com