Gustavo Ortiz Hidalgo 

El Proyecto de Nueva Constitución adopta una estructura orgánica diferente a la Constitución vigente y establece cinco Funciones del Estado: Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.   

La Función Legislativa se ejercerá a través de la Asamblea Nacional. Para su integración se regresa al sistema de elección de legisladores nacionales y provinciales. La destitución del Presidente de la República implicará la inmediata convocatoria a elecciones para nombrar los reemplazos no solo del destituido sino también de la Asamblea Nacional. 

En la Función Ejecutiva, el Presidente de la República tendrá la atribución de disolver la Asamblea Nacional, en cuyo caso también se convocará a elecciones para reemplazar al órgano disuelto pero también al Presidente de la República.  

En la Función Judicial, la Corte Nacional de Justicia se conformará por 21 jueces nombrados por el Consejo Nacional de la Judicatura. Además, la Función estará integrada por los juzgados de paz, las notarías, la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. Se agrega la novedad de que la Corte Constitucional podrá conocer recursos contra las sentencias de la justicia ordinaria.  

La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral; el primero tendrá carácter operativo y el segundo se encargará de administrar la justicia electoral.  

Finalmente, se crea la Función de Transparencia y Control Social integrada por el Consejo de Participación y Control Social encargado de nombrar, a través de concursos públicos, a los representantes de los otros órganos de la propia Función (Contraloría, Defensoría del Pueblo, Superintendencias), así como al Procurador General, Defensor Público, Fiscal General, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura.   

El Consejo de Participación y Control Social estará integrado por siete consejeros seleccionados por parte del Consejo Nacional Electoral de entre los postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. Un embrollo de imprevisibles consecuencias, pues nadie garantiza que existirá “transparencia” en la legalidad y legitimidad de las organizaciones ciudadanas.

gortizhidalgo@yahoo.com  Artículo publicado por Diario “La Hora” de la ciudad de Loja, el jueves 18 de septiembre de 2008.