Al parecer el virtual nominado republicáno Jhon McCain una vez en el poder sería mejor y peor sucesor que el ahora presidente George W. Bush. Al tenor de sus declaraciones McCain ha dejado en claro que sería un mejor conductor de la guerra en Irak, constituyéndose en un confiable y diestro comandante de la invasión en medio oriente. Además es fehaciente su deseo por que las tropas estadounidenses se conviertan en la “policía militar del mundo“.

Entonces, McCain es mejor sucesor para las transnacionales incluida la industria armamentista. Mejor sucesor para los americanos que lucran de la guerra, mejor sucesor para la economía de un páis que crece siempre que la gente muere en otras tierras. Mas es peor para los países pobres, especialmente aquellos que sufren las consecuencias de la ilegal “legítima defensa preventiva” que se traduce en constantes violaciones a los derechos humanos de hombres, mujeres y niños culpables por haber nacido en la tierra del “oro negro”.

La Casa Blanca no es sino una cueva macabra ensombrecida por la Administración Bush. No debería llamarse más de ese modo. Hace una semana otra de las violaciones truculentas a los derechos humanos que se cocen en Washintong dejó pasmado a medio mundo al decidir iniciar seis juicios penales en pos de la pena de muerte ante tribunales militares de la Bahía de Guantánamo.

Existen buenas razones para creer que Jalid Shaikh Mohammed y los otro cinco acusados pudieran haber sido responsables de actos terroristas,, sin embargo, iniciar procesos ante tribunales militares que violan en absoluto el debido proceso permitiendo entre otras cosas que se presenten pruebas obtenidas a través de técnicas tortuosas –como golpizas, choques eléctricos, forzamiento a una persona a desnudarse, simulaciones de ejecuciones, uso de perros y ahogamiento simulado– es totalmente inhumano y execrable, propio de la inefable “Casa Negra”.

Si bien la política está estrechamente vinculada a la violencia, esto no obsta para que en países como el nuestro reclamemos una política sin violencia, aunque esto, a la luz de la historia, parezca un contrasentido.

El Estado ostenta el monopolio de la violencia. Esta es una máxima generalmente aceptada. Sin embargo esta violencia encarnada en la Fuerza Pública lamentablemente es necesaria. Cabe aclarar que esta violencia es directa o física. Pero, cuando hablamos de violencia cultural o estructural, no existe nada ni nadie que esté facultado para ejercerlas en arreglo a determinado derecho. Es por esto que, es posible desarrollar una política sin violencia (estructural y cultural), ya que, la mayoría de estados, entre ellos el nuestro, reconoce y presuntamente procura y protege los derechos humanos.

Lamentablemente, la coyuntura política ecuatoriana arroja índices de violencia cultural y estructural alarmantes. Por ahora hablaremos de la primera evocando a la memoria las ignominias de Correa, quien imbuido por consejos aberrantes o ebrio de inmadurez, no pierde el tiempo para tildar a las señoras adineradas que no por esto dejan de ser respetables de “viejas peluconas” o a la prensa de “bestias salvajes”, y también entrar en la pendencia con el pendenciero Nebot, quien por otro lado, convertido en todo un histrión, muestra su velludo pecho de “acero” ante las “balas” del gobierno. Esto, amigos y amigas, es violencia cultural en la política y crea conflictos innecesarios que ensucian el ámbito político evitando solucionar aquellos problemas que si son necesarios para la paz positiva de nuestro país (v. gr. : centralismo, plutocracia…).

Los continuos enfrentamientos entre estos dos políticos que en ocasiones rayan la politiquería, están abriendo aún más la escisión que sufre el Ecuador desde los inicios de su vida republicana en un momento trascendental para la patria. Los ecuatorianos están siendo arrastrados por un conflicto aparente que se recrea en la imparcialidad de los medios de comunicación. Muchos se orillan a la rivera del oficialismo sin ponderar sus errores y aciertos, y otros (los “guayaquileños autónomos”) ven en el gobierno a un ogro que se los quiere comer.

Lo cierto es que, el conflicto originado por el Presidente con respecto a la mejor distribución de recursos en beneficio del país y no necesariamente en detrimento de Guayaquil es inexcusable, sin embargo, este conflicto se ha tornado violento al crear el gobierno y su precaria oposición un ambiente tumultuoso donde se esconden los intereses de las elites utilizando a masas inescrupulosas que encienden el ambiente para que sus “Luchos XIV” practiquen una oratoria hueca que no deja entrever las cuestiones trascendentales del problema limitándose a proferir sus discutibles salmodias: “La patria ya es de todos” o, “Lo que es con Guayaquil es conmigo”.

Entonces, la violencia psicológica (cultural) que caracteriza hoy el debate político es a todas luces falta de razón e inconsecuente con las necesidades de un país necesitado de un diálogo serio que devele el punto neurálgico del conflicto económico y político originado por la inequitativa distribución de los ingresos. Se torna urgente analizar la problemática referida desde una posición objetiva y procurar difundir lo dañino de esas prácticas politiqueras que dividen al país generando una cultura de rencillas y vendettas y no esa Cultura de Paz tan necesaria para construir un país más democrático y solidario.

Hugo Chávez pidió hace varios días a la comunidad internacional que reconozcan a la guerrilla colombiana como fuerza beligerante. El presidente venezolano afirma que el reconocimiento del carácter político de la insurgencia colombiana y su retirada de la lista de organizaciones terroristas, es un paso para la liberación de los demás rehenes y para la paz en ese país.

Las declaraciones de Chávez han suscitado desavenencia e incertidumbre en el plano internacional. Pese al éxito alcanzado en la liberación de dos rehenes gracias a la mediación del gobierno venezolano, existe gran escepticismo ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con los grupos guerrilleros denominados terroristas con sobra de motivos por la comunidad internacional.

Sin duda, el anhelo de quienes abrigan generosas expectativas por construir la paz en Colombia es alcanzar un acuerdo con los grupos guerrilleros de aquel país. Si para ello es necesario negar los saqueos y el narcotráfico, así como los secuestros y cruentos asesinatos, bien o mal la comunidad internacional podría quitar a los terroristas colombianos dicho calificativo y consecuentemente dar a éstos un trato preferencial.

Si se negocia con las guerrillas colombianas dándoles un trato de fuerzas beligerantes con un “proyecto político serio” como lo ha sugerido Chávez, y esto facilita un proceso de paz, en buena hora. Sin embargo, la historia del conflicto colombiano arroja expectativas contrapuestas a las del presidente venezolano, cuya lectura del conflicto pareciera estar deformada por su miopía caciquista.