La Constitución vigente determina que “los ciudadanos tendrán derecho a resolver la revocatoria del mandato otorgado a los alcaldes, prefectos y diputados de su elección, por actos de corrupción o incumplimiento injustificado de su plan de trabajo”.
¿Cuál su opinión? ¿Se debe o no ampliar la revocatoria del mandato?
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Dentro de la Ley de Control Constitucional, el Gobierno y los legisladores han contemplado el Amparo Constitucional para que las personas hagan valer sus derechos y, los representantes legítimos de una colectividad, podrán proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial, designado por la Ley. Así mismo, puede hacerlo cualquier persona natural o jurídica cuando se trata de la defensa del medio ambiente. Esta acción también podrá ser interpuesto cuando se atenten o violen derechos consagrados en instrumentos internacionales vigentes; por acciones de particulares cuando atenten contra intereses comunitarios, colectivos o a derechos difusos; o, por actos u omisiones del Estado o sus delegatarios o concesionarios que presten algún servicio público. Por lo demás, la acción de amparo se constituye en una garantía efectiva y ágil, sin que sea posible aplicar normas procesales que tiendan a retardar su despacho.
Dr. Galo Blacio Aguirre.
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Hace algunos días se levantó la polémica, cuando en la Asamblea Nacional Constituyente, se discutieron once artículos y una disposición transitoria sobre el derecho constitucional a la comunicación, preparados por la mesa 1 de Derechos Fundamentales.
El debate dejó en evidencia la intención de algunos asambleístas de incluir, en la nueva redacción constitucional, la creación de un Consejo de Regulación que calificará contenidos, publicidad y programación de los medios.
Con esto artículos, blogs, opiniones ciudadanas y otros tipos de expresión popular podrían quedar fuera del concepto comunicación, si su contenido no está aprobado por este Consejo.
Entonces ¿en dónde quedaría la libertad de expresión?
¿Cuál es su opinión sobre el tema?
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La Constituyente en uso de sus facultades emitió un Mandato minero mediante el cual se busaca acceder a prácticas de explotación minera más responsables a la vez que busca regular más rigurosamente las concesiones a las empresas que se encuentran a cargo de estas actividades, sin embargo se ha levantado una polémica a nivel nacional sobre cuan conveniente es la propuesta de la Asamblea. ¿Cuál es su criterio al respecto?
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Aunque la fuerza pública en nuestro país no tiene carácter deliberante, se plantea hoy la propuesta de que sus miembros en servicio activo puedan ejercer el derecho al sufragio; por un lado se estaría restringiendo su participación en la vida democrática del país, aunque también se manifiesta que son necesarios estos límites para salvaguardar la legitimidad del estado de derecho, que en algunas ocasiones ha sido arriesgada por actuaciones insurgentes de estos miembros; cuál es tu criterio al respecto?
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El Estado centralista a colapsado, ha fracasado totalmente, sería una opción recurrir a las Autonomías?
La propuesta se centra en otro esquema de asignación de recursos, que es más sectorial en cuanto a la distribución de los rubros que por motivo de la competencia territorial se soliciten.
Para modificar esta repartición egoísta de recursos sería pertinente tener una visión mas equitativa de la planificación, de la incorporación de los grupos vulnerables, de la rendición de cuentas, de la participación ciudadana. Esto es necesario para que exista una compensación a las desventajas que puedan surgir.
Nos proponen entonces la creación de regiones autónomas, que se acerquen con mayor eficacia a la desconcentración de competencias y recursos para mejorar la eficiencia de la administración pública
Las autonomías entonces podrían ser la clave para el desarrollo equilibrado del país?
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En la actual Constitución el voto es un derecho, pero también constituye una obligación para quienes han cumplido su mayoría de edad; sin embargo en países como Colombia el voto es facultativo, es decir no se torna una obligación, aduciendo que este derecho debe practicárselo por convicción mas no por imposición. Cree Usted que en la nueva Constitución Política, el sufragio debe ser un acto voluntario?
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Una de las tesis del gobierno, quien ostenta una evidente mayoría dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, sería la eventual disolución del Congreso Nacional, actuando claro está dentro de sus facultades jurídicas de plenos poderes, sin embargo, aunque un criterio mayoritario de los ecuatorianos concuerda con el fracaso de la función legislativa, algunos diputados se oponen a dicha posibilidad, advirtiendo que la disolución sería un acto dictatorial, incluso han dirigido ya algunas denuncias ante organismos internacionales. Cuál es su opinión al respecto?
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Los procesos constituyentes que originaron las distintas cartas políticas que nos han regido durante nuestra vida republicana, han evolucionado conforme ha evolucionado la sociedad misma, hoy los discursos hacen alarde de que nuestra Ley Suprema es de las más modernas en su parte dogmática, pues en efecto tenemos enunciados y declaraciones eminentemente protectores de derechos y garantías ciudadanas, íntimamente ligados con las nociones modernas del constitucionalismo y del humanismo, si embargo es contradictorio que teniendo tal calidad normativa en materia de derechos humanos, vivamos un ambiente de caos, violencia y rivalidad en las distintas esferas de nuestra sociedad;
Se nos presenta la oportunidad histórica y cívica una vez más para construir una verdadera cultura de paz, el nuevo contrato social debe erigirse en función de un nuevo concepto de seguridad, hoy hablamos de la seguridad del estado, de la economía, del sistema político, del mismo gobierno, cuando lo que se debería concretar son los mecanismos que garanticen la seguridad ciudadana, familiar y comunitaria y partir de aquí enfrentar las vulnerabilidades y riesgos de un sistema que ha fracasado en sus objetivos de control y prevención social.
¿Qué otras opciones tenemos para incorporar a la nueva carta política una verdadera noción de cultura de paz?
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El principio de unidad jurisdiccional consagrado en la actual Constitución, dispone que todos los jueces que administren justicia y que dependan del Ejecutivo deben trasladarse a ejercer dichas funciones desde la función judicial, aquí se incluyen los jueces militares y de policía, por ejemplo, actualmente existen conflictos de competencia y jurisdicción en el momento de definir que tipo de delitos cometidos por miembros de la fuerza pública debe juzgar un juez militar o de policía y cuales debe conocer un juez ordinario, esto en razón de que los códigos penales militares y de policía han reproducido infracciones ya contempladas en el código penal que rige para el resto de ecuatorianos, cuando en realidad debería tipificar únicamente delitos inherentes al cumplimiento de sus actividades como la sedición, la deserción, abusos de autoridad, indisciplinas; es decir, no deberían existir distintos tipos de justicia penal (militar, policial, civil).
Se han vertido algunas iniciativas para la concreción del principio de unidad jurisdiccional, así, se ha propuesto la eliminación de los tribunales penales militares y de policía, para dar paso a la incorporación de los Tribunales Distritales de la Fuerza Pública, de cuyas resoluciones habría la posibilidad de interponer recurso de casación ante la respectiva Sala Especializada de la Corte Suprema.
Inexorablemente la Constituyente, en uso de sus plenos poderes deberá hacer efectivo el mandato constitucional, pues no puede continuar dilatándose la creación de una ley de unidad jurisdiccional que termine con actos de impunidad y procedimientos cuestionables de juzgamiento dentro de las instituciones antes mencionadas.
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