La actitud proteccionista de muchas entidades del Estado ha generado prácticas reprobables al convertir la fiscalización en una función facilista que se reduce a simples labores de auditoría.

Relaciones entre las Partes

La organización tradicional de las partes del proceso de contratación ha hecho ver al fiscalizador como a un tercero en discordia, como a un vértice de un triángulo en el cual se presenta un fenómeno muy difícil de manejar. La entidad, vértice superior del triángulo de relaciones, mantiene relaciones contractuales, tanto con el contratista como con el fiscalizador, que son los otros extremos del triángulo.  Estas relaciones son rígidamente reglamentadas por la ley y no dan lugar a flexibilidad de ninguna clase; por el contrario, las relaciones entre el fiscalizador y contratista, entes no vinculados entre sí por ningún vínculo legal, son flexibles por naturaleza. Inicialmente estas relaciones revisten la mayor de las cordialidades, sin embargo, a medida que se presentan asperezas en el desarrollo del trabajo, las relaciones con la entidad se van poniendo cada vez más difíciles y el triángulo de relaciones se va deformando, sometiendo a la relación flexible a una aguda tensión que termina por hacer crisis, con un único perjudicado: la obra, y con ello, a los beneficiarios. 

Es posible que lo mejor para una adecuada relación contractual  sea la de un modelo de Venn, en el cual, tanto la entidad como el contratista constituyen dos universos independientes cuyos intereses se intersectan en un campo común de intereses. En esta acción, los intereses de contrato y de obra se entremezclan.

La aparición del fiscalizador, como un tercer universo que también tiene intereses contractuales con la entidad y con la obra, hace que se dé la catálisis, lográndose conseguir que el objetivo común sea la terminación de la obra a satisfacción de todas las partes, incluidos los beneficiarios. En esta parte la Entidad contratante deberá apoyarse en sus Ingenieros en calidad de SUPERVISORES que con sus experiencias sumen esfuerzos y conjuntamente con contratista ejecutor y fiscalizador apliquen las mejores prácticas de ingeniería para asegurar la calidad de las obras públicas.Lamentablemente en nuestro país las entidades públicas son las que contratan y ellas mismas fiscalizan convirtiéndose en juez y parte por lo que, considero, que esa es una de las razones por las que la ejecución de obras en nuestro país sea de mala calidad.    Conclusión El debate sobre los procesos de contratación pública en el país debe poner mayor atención a los procesos de fiscalización de las obras públicas. Proponemos además que los roles de las entidades contratantes,  fiscalización y contratistas deben ser redefinidos.  

Ing. Marco A. Carpio Jaramillo.

Vicepresidente CICL

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