Las administraciones tributarias del mundo enfrentan una transformación acelerada impulsada por la digitalización y por el uso creciente de tecnologías avanzadas para la gestión fiscal. Organismos internacionales como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y el CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias) coinciden en que la capacidad de analizar grandes volúmenes de información mediante modelos predictivos es hoy un elemento central para combatir la evasión y mejorar la eficiencia recaudatoria. Países como Chile, México y España ya han incorporado sistemas donde la inteligencia artificial (IA) y la analítica avanzada son decisivas en los procesos de control.
Ecuador avanza en esta dirección. El Servicio de Rentas Internas ha ampliado el uso de fiscalización electrónica integrando datos de facturación electrónica, declaraciones tributarias y registros societarios. Esta modernización permite detectar inconsistencias con mayor oportunidad y construir perfiles dinámicos de riesgo fiscal. Sin embargo, también plantea desafíos jurídicos importantes relacionados con la motivación de los actos administrativos, la transparencia en la selección de casos y la protección de datos personales en un entorno automatizado.
El uso de modelos algorítmicos en procesos de control introduce interrogantes relevantes: ¿cómo garantizar que las decisiones automatizadas sean trazables y auditables?, ¿de qué manera se aseguran la proporcionalidad y razonabilidad cuando los criterios responden a análisis estadísticos?, ¿qué límites deben establecerse en el tratamiento de información fiscal altamente sensible? Estas preguntas, presentes en distintas administraciones tributarias comparadas, evidencian la necesidad de evaluar con rigor el impacto institucional de la digitalización del control fiscal.
Desde la academia, estas transformaciones invitan a repensar conceptos tradicionales del Derecho Tributario y a reflexionar sobre cómo la tecnología redefine la relación entre administración y contribuyentes. La fiscalización electrónica demanda equilibrar innovación, eficiencia y justicia fiscal, así como construir marcos regulatorios y criterios jurisprudenciales que orienten la actuación administrativa en entornos automatizados. Esta reflexión se alinea con los objetivos del Programa Institucional Derecho, Democracia y Políticas Públicas, que busca fortalecer el análisis técnico y crítico de los procesos que inciden en la institucionalidad democrática y la confianza ciudadana.
La administración tributaria digital representa una oportunidad relevante para modernizar el sistema fiscal ecuatoriano, pero también exige consolidar garantías y mecanismos de supervisión que aseguren un uso transparente y constitucionalmente legítimo de la tecnología. Su estudio y debate resultan esenciales para promover una cultura tributaria moderna y coherente con los desafíos del entorno digital.
Andrea Catalina Aguirre Bermeo
Directora del Programa de la Maestría en Derecho Tributario UTPL
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