En nuestro medio, no causa sorpresa que los gobiernos ejecuten acciones tendientes a suprimir, fusionar o reorganizar ministerios, secretarías, entidades y demás organismos de la Función Ejecutiva, teniendo como efecto paralelo la desvinculación del talento humano o personal bajo figuras tales como supresión del puesto o compra de renuncia con indemnización. Todo ello, con el ánimo de ahorrar recursos y optimizar las diferentes actividades que ejecuta la Administración Pública.

Sin embargo, estos ajustes no siempre alcanzan su objetivo. La inestabilidad laboral, la falta de talento humano especializado y la ausencia de formación continua siguen siendo problemáticas vigentes. Ante ello surgen preguntas necesarias: ¿realmente generan cambios profundos estas medidas? ¿Son verdaderas transformaciones o simples soluciones temporales? ¿La Administración Pública atraviesa un momento de desgaste estructural?

Resulta difícil dar contestación a estas preguntas. Si bien el Ejecutivo tiene la facultad legal de realizar estas reestructuraciones (respaldado por la Constitución, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y la Ley Orgánica del Servicio Público, etc) la responsabilidad de impulsar un sistema eficiente y orientado al servicio ciudadano sigue siendo un desafío.

El contexto actual demuestra que las reformas anteriores no han dado los resultados esperados e incluso han generado nuevas dificultades. Frente a ello, la reingeniería de la Administración Pública surge como una alternativa posible y urgente. Su implementación debe considerar varios elementos descritos brevemente a continuación:

En primer lugar, cualquier transformación debe partir de estadísticas confiables que reflejen la situación de las instituciones públicas en todos sus ámbitos: atención ciudadana, procesos, servicios, presupuesto y talento humano. Sin este diagnóstico, ninguna medida, por bien intencionada que sea, será realmente efectiva.

Seguidamente se daría el proceso de reingeniería, al construir un modelo de gestión adaptado a la realidad del país. Este debe basarse en normas técnico-administrativas obligatorias, alineadas con los principios de eficacia, eficiencia y calidad establecidos en la Constitución y desarrollados en el Código Orgánico Administrativo, en sus artículos 3, 4 y 5.

Un tercer elemento es la incorporación de personal mediante concursos de méritos y oposición, con participación activa de veedurías ciudadanas, es clave para garantizar que quienes ingresen a la función pública cuenten con formación especializada y actúen con independencia de favoritismos.

Un cuarto elemento es evitar que intereses políticos interfieran en la gestión del Estado, para ello se requiere una escuela de formación para administraciones públicas. Su rol: ofrecer capacitación continua en normativas, innovación y ética, fortaleciendo el compromiso de servicio y la lucha contra la corrupción.

Un último elemento es el presupuesto, quizá el más delicado y complejo, ya que el funcionamiento del aparato estatal demanda importantes recursos económicos. Por ello, es indispensable implementar mecanismos que optimicen el uso del presupuesto y garanticen controles adecuados de administración y destino de los fondos públicos para minimizar posibles actos de corrupción.

Desde el campo del Derecho Administrativo, es posible impulsar normas y propuestas que contribuyan a transformar la Administración Pública en un verdadero servicio a la ciudadanía, coherente con el principio de buen vivir y con el interés general recogido en la Constitución.

La verdadera transformación de la Administración Pública, más allá de autoridades e ideologías, depende de nuestra capacidad colectiva para asumir responsabilidad, exigir derechos y fortalecer una cultura institucional comprometida con la sociedad. Este análisis forma parte del aporte del Programa Derecho, Democracia y Políticas Públicas.